“Proponemos en este artículo algunas claves que pueden servir para sosegar el debate público que se nos viene encima”
Congreso de los Diputados, sesión constitutiva de la XV Legislatura, el 17 agosto 2023. CONGRESO DIPUTADOS
El mes de septiembre que hoy empieza va a estar presidido en el terreno político por la búsqueda de una fórmula de gobernabilidad entre los grupos parlamentarios surgidos de las elecciones legislativas del pasado 23 de julio. Se trata de un proceso nada anómalo que corresponde, por más dificultades aritméticas para lograr mayorías que presente, a lo establecido por las leyes que rigen nuestra convivencia. Ahora bien, sería propio de almas cándidas no prever que las negociaciones interpartidistas de las próximas semanas van a estar salpicadas de gruesas descalificaciones, análisis interesados y sofisticados relatos que justifiquen los comportamientos propios y denigren los de los adversarios. Ante la fatídica previsión de excesos retóricos, lenguaje hiperbólico y desautorizaciones viscerales, proponemos en este artículo algunas claves que pueden servir para sosegar el debate público que se nos viene encima.
La primera consideración –que conviene recordar, aunque parezca obvia– es que cada uno de los 350 diputados que se sientan en el Congreso representa con idéntica legitimidad a sectores de la sociedad española que les han votado, sean de derechas o de izquierdas, republicanos o monárquicos, autonomistas, centralistas o independentistas. Dicho de otro modo, la Cámara no deja de ser, con algunas distorsiones propias del sistema electoral, un reflejo de la realidad del país.
En segundo término, la fragmentación de los espacios políticos fuerza a la construcción de entendimientos entre diversas formaciones, bien con gobiernos de coalición o bien con pactos de legislatura, los cuales traen consigo renuncias y contradicciones que deben ser asumidas por los ciudadanos, dado que tenemos un sistema político de carácter proporcional en el que es muy difícil alcanzar mayorías absolutas. Tales cesiones e intercambios interpartidistas no deberían contemplarse como debilidades o simples cambalaches, sino más bien como soluciones pragmáticas ante las dificultades para garantizar la gobernabilidad. Como suele decirse, la política es el arte de lo posible.
En tercer lugar, la estructura política de España, surgida de un sistema electoral establecido en 1977 y consolidado en la Constitución de 1978, tiende a un bipartidismo imperfecto, con fuerte presencia de grupos periféricos. Partidos vascos y catalanes han tenido un papel muy importante en la gobernabilidad y modernización de España en distintos momentos desde la Transición. Sin embargo, cada vez que una de las dos grandes formaciones estatales se ve abocada a apoyarse en los grupos nacionalistas surge la crítica de las excesivas concesiones a estos. Los agravios venden en el mercado del voto.
Estos días ha circulado en internet un recordatorio de las portadas que el diario ABC dedicó a los pactos que los presidentes Felipe González y José María Aznar hicieron con CiU, la coalición nacionalista catalana entonces liderada por Jordi Pujol. Sirva como ejemplo de lo que podremos ver este mes el desigual tratamiento según los acuerdos afianzaban a uno u otro partido estatal. “González se humilla ante Pujol y compromete los intereses generales de España para continuar en el poder”, decía el diario de la derecha madrileña el 29 de agosto de 1993. Muy diferente era el tratamiento del pacto PP-CiU en 1996: “Aznar y Pujol: pacto para la gobernabilidad de España en los próximos cuatro años”.
Dado que la actual composición del Congreso hace imposible cualquier forma de gobierno estable sin la participación de los grupos catalanes, vascos, gallegos, navarros y canarios, sería razonable que los acuerdos que puedan alumbrarse en las próximas semanas no sean presentados interesadamente con la habitual retórica de la venta de España, la humillación de las instituciones y la destrucción de la nación, sino como el resultado de la imperiosa necesidad de llegar a compromisos no solo con los afines, sino con los que en otros momentos han sido oponentes.
Que una eventual amnistía o una suavización de penas a los encausados en relación con el proceso soberanista catalán vaya a estar en el centro de las negociaciones de gobernabilidad que se avecinan no auspicia precisamente un debate sereno. El rechazo que generan en parte de la sociedad española las hipotéticas medidas de gracia hacia el independentismo puede enconar la discusión pública hasta niveles pocas veces vistos. Esperemos que el fenómeno de la polarización irreversible, tan presente en democracias avanzadas como la de Estados Unidos, no nos conduzca aquí a desvirtuar debates democráticos mediante el habitual recurso a la retórica catastrofista según la cual España se hunde sin remedio.