En los últimos artículos hemos visto cómo la IA (inteligencia artificial) introduce una nueva forma de deslocalización. Gran parte del valor generado se concentra en quienes controlan los modelos y los componentes esenciales de esta tecnología. Al mismo tiempo, esa dependencia se extiende al tratamiento de los datos, al funcionamiento de las empresas y a la capacidad de decisión de las administraciones.
Las redes sociales han dejado de ser únicamente el espacio desde el que se observa, relata o interpreta una guerra para convertirse en una herramienta más dentro del propio conflicto. Su utilización para segmentar mensajes, ocupar el espacio informativo, movilizar a diferentes actores o influir sobre las percepciones ha centrado este jueves la cuarta jornada del XXXIII Curso Internacional de Defensa de Jaca, dedicada al impacto de las redes sociales y las tecnologías digitales en las operaciones militares.
En el artículo anterior analizamos los límites de una estrategia basada en la regulación. Europa puede fijar normas exigentes, pero buena parte de los modelos, los chips, la nube y los centros de datos de los que depende la IA se desarrollan fuera. Bajo mi punto de vista, el siguiente paso es preguntarse qué papel debe asumir el Estado cuando una parte creciente de la actividad económica depende de infraestructuras tecnológicas que no controla.
La guerra no se libra únicamente sobre el terreno; también se combate por determinar cómo se interpretan los hechos, quién consigue imponer su relato y de qué manera acaba percibiéndolos la sociedad. Propaganda, desinformación y narrativa han centrado este martes la segunda jornada del XXXIII Curso Internacional de Defensa de Jaca, dedicado este año al poder de la información y a la influencia de los medios de comunicación en los conflictos modernos y las operaciones militares.
Europa decidió convertir la regulación en su principal respuesta ante la revolución digital. Lo hizo con la privacidad, con las grandes plataformas y ahora intenta hacerlo con la IA. El problema es que regular no equivale a controlar. Se pueden aprobar normas exigentes y, al mismo tiempo, depender de modelos, nubes, chips y centros de datos desarrollados fuera.
En el artículo anterior hablábamos de la nueva deslocalización: la IA permite que una empresa local sea más productiva, pero también hace que parte de su valor dependa de modelos, nubes y centros de datos situados fuera. Con los datos, el cambio no está en su ubicación, sino en su función.
Cada vez más empresas usan IA para trabajar más rápido, automatizar procesos, analizar datos o reducir costes. A primera vista parece una cuestión de eficiencia: una herramienta para producir más con menos. Pero el debate no termina ahí. Cada mejora apoyada en IA también plantea una cuestión decisiva: quién controla la infraestructura que hace posible esa productividad.
Durante años, acudir a la justicia ha sido para muchas personas una tortura. No solo por la incertidumbre del resultado, sino por el coste, el tiempo y la complejidad. Reclamar una factura, defenderse de un abuso o exigir el cumplimiento de un contrato sale muchas veces más caro que el propio problema. Ese miedo deja a mucha gente fuera.
Durante años, las humanidades han sido tratadas como estudios con poco futuro. Filosofía, ética o pensamiento crítico parecían quedar lejos de la innovación, ocupada por ingenieros, programadores y especialistas en datos. La IA está obligando a revisar esa idea. Cuanto más poder tienen los modelos, más importante resulta decidir qué deben hacer, qué no deben hacer y quién asume las consecuencias.
Durante años, muchas pequeñas empresas han competido en desventaja. No por falta de talento ni de conocimiento del mercado, sino por falta de medios. Una gran compañía podía pagar estudios de mercado, comunicación, diseño, atención al cliente, análisis de datos o sistemas de automatización. Una PYME, en cambio, tenía que resolver todo eso con muchos menos recursos.