«El Estado no puede limitarse a comprar IA externa: debe decidir qué datos, servicios e infraestructuras tecnológicas son estratégicos»
La IA empieza no sustituye a las infraestructuras clásicas, pero se integra en muchas de ellas.
En el artículo anterior analizamos los límites de una estrategia basada en la regulación. Europa puede fijar normas exigentes, pero buena parte de los modelos, los chips, la nube y los centros de datos de los que depende la IA se desarrollan fuera. Bajo mi punto de vista, el siguiente paso es preguntarse qué papel debe asumir el Estado cuando una parte creciente de la actividad económica depende de infraestructuras tecnológicas que no controla.
Durante décadas, los Estados han considerado estratégicos sectores como la energía, el transporte, las telecomunicaciones o la defensa. La razón es obvia: cuando una infraestructura resulta esencial para el funcionamiento de un país, su control deja de ser una cuestión económica o social, y pasa a ser también una cuestión de soberanía. La IA empieza a ocupar una posición similar. No sustituye a las infraestructuras clásicas, pero se integra en muchas de ellas.
El problema no es utilizar tecnología desarrollada fuera. Ningún país puede producir por sí solo todo lo que necesita. El problema aparece cuando esa dependencia alcanza funciones esenciales. Si una administración usa IA para tramitar expedientes, un hospital para gestionar información clínica o una empresa estratégica para organizar procesos internos, esa tecnología deja de ser accesoria y pasa a formar parte de su funcionamiento básico del Estado.
En ese punto, el Estado tiene que decidir qué dependencias está dispuesto a asumir. No todos los datos pueden tratarse igual, ni todos los proveedores deberían ocupar la misma posición en servicios sensibles. Habrá ámbitos en los que baste con exigir garantías y otros en los que resulte necesario disponer de infraestructura propia o, al menos, europea.
La contratación pública también puede desempeñar un papel importante. El Estado mueve enormes recursos y puede utilizarlos para favorecer el desarrollo de soluciones propias, impulsar empresas europeas y evitar que toda nueva capacidad termine reforzando a los mismos proveedores globales. Lo mismo ocurre con la inversión en centros de datos, energía, investigación o capacidad de cálculo: ya no son únicamente políticas tecnológicas, sino decisiones de carácter estratégico.
Esto no exige convertir al Estado en una empresa tecnológica ni cerrar el mercado a proveedores extranjeros. Exige algo bastante más sencillo: saber qué funciones son demasiado importantes como para depender por completo de decisiones tomadas fuera. La autonomía no consiste en producirlo todo, sino en conservar margen de maniobra cuando las circunstancias cambian.
La IA obliga a replantear hasta qué punto basta con comprar tecnología y regular su uso. Cuando estos sistemas empiezan a formar parte de la administración, la sanidad, la educación o la seguridad, dejan de ser una herramienta más. Su control, su ubicación y la infraestructura de la que dependen pasan a tener una importancia estratégica.