Parque de vivienda de Jaca en una imagen de archivo. EL PIRINEO ARAGONÉS
Jaca está cambiando, y no precisamente para bien de quienes viven aquí todo el año. El éxito de nuestra ciudad como joya del turismo pirenaico es innegable, pero tiene una cara B muy amarga: encontrar un piso para vivir se ha convertido en una misión casi imposible. Cuando cerca del 70% de las casas del municipio son segundas residencias o se usan solo en vacaciones, el mercado expulsa a los de casa. Ante este panorama, el debate sobre si Jaca debe declararse Zona de Mercado Residencial Tensionado —según los mecanismos de la Ley estatal 12/2023 por el Derecho a la Vivienda— no es un capricho político; es una necesidad urgente que el Ayuntamiento debe afrontar ya.
Gobernar una ciudad va más allá de gestionar el turismo o asfaltar calles; implica cuidar a su gente. Ver cómo los jóvenes de la Jacetania se tienen que marchar a los pueblos de alrededor o sufrir subidas abusivas en los alquileres —como las que han golpeado recientemente a los vecinos de las Viviendas de Protección Autonómica (VPA) de la localidad— es una señal de alarma.
El Consistorio no puede ponerse de perfil ni dejar que el mercado se regule solo cuando hay familias que no llegan a fin de mes.
A nivel local, el Ayuntamiento tiene herramientas de sobra para intervenir sin necesidad de inventar nada nuevo. La normativa municipal ya le permite gestionar con mano firme las viviendas de protección pública de titularidad municipal y sus ordenanzas de adjudicación para blindar estos pisos frente a la especulación. Además, los planes de reforma que ya existen, como el Área de Rehabilitación Integral (ARI) del Casco Histórico y el Barrio de la Paz, no deberían servir solo para poner fachadas bonitas o mejorar el aislamiento térmico. Tienen que ser la palanca definitiva para meter viviendas vacías en el mercado del alquiler de larga duración a precios razonables.
El otro gran foco son las Viviendas de Uso Turístico (VUT). La presión que ejercen sobre el alquiler convencional es asfixiante. Por suerte, las reglas del juego están cambiando. Con las últimas modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Jaca y las nuevas normativas de registro e interoperabilidad, el Ayuntamiento tiene el poder y el deber de certificar qué es viable y qué no. Hay competencias de sobra para poner límites y frenar la multiplicación de pisos turísticos si estos chocan de frente con el derecho de los jaqueses a tener un techo donde vivir todo el año.
Se puede estar de acuerdo o no con los topes de precios que permite la ley estatal, pero lo que no es una opción es cruzarse de brazos. Las palmaditas en la espalda y la mediación en los conflictos de las VPA están bien, pero se quedan cortas si no hay un plan detrás. Si el pleno municipal no quiere aplicar la ley estatal, debe activar ya sus propias recetas. Eso pasa por tocar el bolsillo de los grandes propietarios, apretando los tornillos fiscales a las casas vacías a través de las Ordenanzas Fiscales del IBI, o por crear de una vez una bolsa real de alquiler social con incentivos que convenzan a los dueños para alquilar a precios justos.
Jaca corre el riesgo de convertirse en un parque temático precioso los fines de semana, pero completamente vacío de lunes a viernes. Salvar la identidad de nuestra ciudad es, ante todo, salvar a la comunidad que la llena de vida cada día. Es hora de que nuestros representantes políticos expriman las leyes y las ordenanzas actuales para demostrar que el derecho a una vivienda digna no es un eslogan de campaña, sino una realidad en nuestras calles.