Incendio de Las Peñas de Riglos en una imagen facilitada por el autor del artículo.
Las competencias en incendios forestales, la gestión de los montes y del medio rural en España están transferidas, desde la década de los ochenta, a las autonomías; por ello, los medios de extinción, la ubicación de las unidades y la planificación dependen de estas últimas.
Ha quedado sobradamente demostrado que las comunidades, pese a haber asumido las competencias, no tienen la capacidad suficiente para hacer frente a los grandes incendios, como los acontecidos este verano, y a las situaciones generadas por los mismos debido a su extensión, gravedad o dificultad de acometida.
La existencia de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) y los medios aéreos de gran capacidad permiten la colaboración del Estado con las comunidades.
La Unidad Militar de Emergencias, dotada de equipamientos y personal formado para la intervención en todo tipo de emergencias que conlleven grave riesgo, calamidad o catástrofe, incrementa esta colaboración del Estado. No obstante, sus miembros no están destinados exclusivamente a la lucha contra los incendios forestales, como sí ocurre con los integrantes de las BRIF.
La actuación de otros profesionales del territorio, agricultores y ganaderos conocedores del terreno y la meteorología, equipados con los medios materiales específicos de su profesión y con posibilidad de adaptación a la intervención, se ha convertido desde el primer momento en una tercera “fuerza de intervención”, apoyada por el voluntariado vecinal coordinado por los entes locales, bajo la supervisión del puesto de mando, todos ellos complementando al personal profesional del Estado o autonómico.
Debería haberse realizado mucho antes, pero ya no podemos dejar pasar más tiempo. Ha llegado el momento de escuchar a todos los agentes implicados, debatir, pensar, pero, sobre todo, de ponerse en marcha y actuar para que situaciones como las vividas en el gran incendio originado en Santa María de la Peña, con graves afecciones en la Jacetania y la Hoya de Huesca, así como las generadas en otros puntos del territorio del Estado, no vuelvan a repetirse o, al menos, se puedan mitigar sus consecuencias.
Como nación, o Estado —me da igual el término que se quiera utilizar—, deben rediseñarse, de una vez por todas, las estrategias destinadas al fuego forestal; se debe modificar el enfoque y, si es necesario, reasignar competencias entre las administraciones, pasando de una realidad destinada muy escasamente a la prevención y mucho a la reacción, una vez generado el incendio, a una realidad muchísimo más proactiva hacia la previsión y eliminación de riesgos.
Ello requiere, obviamente, una mayor colaboración y coordinación entre las instituciones involucradas en los incendios forestales, buscando soluciones que sean sostenibles a largo plazo, aunque conlleven necesariamente una intervención en el paisaje, convirtiendo al medio natural en un componente fundamental del territorio y considerándolo como tal en la legislación de ordenación y no como un elemento complementario del medio urbano, aun cuando ello conlleve actualizar y modificar el ordenamiento jurídico y competencial en el ámbito de la gestión territorial.
Nos enfrentamos, fundamentalmente debido al cambio climático, a largos, peligrosos y cada vez más intensos incendios forestales, que producen un mayor impacto y pérdidas que afectan no solo al territorio directamente quemado, sino también a los núcleos poblacionales aparentemente salvados; involucran, además, a la economía presente y futura de estas poblaciones y a las que son referencia como cabecera de los núcleos afectados.
Es verdad que se están utilizando herramientas efectivas para sofocar, pero las herramientas futuras y la correcta planificación del uso de las existentes deberían estar más enfocadas a reducir el riesgo en los montes y a la preparación de la población autóctona, con acciones encaminadas, además de a la autoprotección, a la formación de cara a una posible intervención, realizándose un inventario de los bienes adaptables para combatir el fuego y de las personas con conocimientos específicos, que serían de mayor utilidad dado su alto grado de compromiso por ser propietarios, afectados o usuarios del medio natural directamente afectado.
Además de prevenir, formar para fortalecer y generar la respuesta adecuada, no podemos olvidarnos de planificar la recuperación, una vez afectado el territorio, para proteger el mantenimiento poblacional, la reposición de las estructuras, especialmente las críticas, y la regeneración de los recursos naturales, para mantener los ecosistemas.
No podemos acabar convirtiéndonos en un parque temático de las grandes urbes, enfoque al que estamos asistiendo progresivamente desde hace décadas en el territorio, que en estos valles se inició, en las décadas de los cincuenta y sesenta, con la despoblación forzosa o inducida debida a la construcción de los grandes embalses o las teóricas protecciones a los mismos, por afectación de caudales de aporte desde los montes reforestados, posteriormente algunos de ellos convertidos en núcleos mayoritariamente de segunda residencia o de carácter turístico.
No nos estamos refiriendo solamente a un problema de gestión de tierras o montes, dado que, además de las amenazas al ecosistema natural, se producen riesgos para infraestructuras críticas de interés general que discurren por ellas y, cuando además el fuego, las cenizas o el humo se aproximan a entornos urbanizados, se producen graves afecciones a la seguridad y a la salud pública.
Requerimos medidas urgentes, transfronterizas entre comunidades, al igual que se ha hecho en el proceso de extinción, estudiando la creación de una agencia nacional del territorio forestal, con competencias integrales, reforzando la colaboración entre las administraciones mediante un soporte con rango de ley, de obligado cumplimiento.
Además, se debería crear una estrategia nacional que serviría de plan de acción para este territorio forestal, ampliando el personal y dotándolo de unas condiciones laborales y retributivas adecuadas, además del equipamiento necesario.
Esta estrategia debe contener todas las acciones necesarias y su capacidad de ejecución para, por ejemplo, entre otras cosas, ordenar y programar quemas técnicas, realizar intervenciones de esclarecimiento, limpieza o conservación tanto en montes públicos como privados, generar limitaciones urbanísticas o de usos tanto con carácter previo como a posteriori de los incendios y, en especial, revisar todos los sistemas de toma de decisiones para lograr una inversión de la resiliencia, dado que el único enfoque posible es de carácter integral a nivel nacional.
Se podrá criticar que ello conlleve un considerable aumento de la dotación presupuestaria. No obstante, con el adecuado seguimiento plurianual, mediante indicadores que permitan certificar que se han alcanzado los objetivos previstos y se valoren las pérdidas que la no implantación de las acciones hubiera conllevado, aunque solo sea estadísticamente, se podrá comparar con el aumento presupuestario realizado para llegar a conocer el impacto real del incremento de gasto.
Voces más autorizadas que yo llevan mucho tiempo reclamando acciones como las expuestas en este documento, algunas personas incluso anticipando y avisando de que esto podía ocurrir, como de hecho ha pasado, pero no por ello debemos dejar de sumar todas nuestras opiniones, trasladar nuestra propuesta y tratar de aportar soluciones, no con el ánimo de depurar responsabilidades, que sin lugar a dudas son compartidas por décadas de gestión inadecuada, sino con la finalidad de revertir definitivamente este proceso de degeneración del territorio al que nos vemos sometidos.