El fuego sube a 2.000 metros y la política sigue en el valle
Trabajos de extinción de la Unidad Militar de Emergencias en el incendio de Las Peñas de Riglos. UME
Arde el Pirineo y no solo se incendian los bosques. Cada año, un encendido debate sobre los incendios forestales se repite con el mismo guion. Desde sectores de la izquierda se apunta a los recortes en prevención y desde la derecha hay quienes responsabilizan a “ecologistas” y la normativa medioambiental de impedir la limpieza del monte. La legislación forestal española obliga, no prohíbe, el desbroce y la limpieza selvícola, y España cuenta con un operativo de extinción robusto. Sin embargo, la realidad es que la burocracia administrativa asociada a permisos de desbroce, quemas controladas o aprovechamiento de biomasa en algunas comunidades autónomas sí puede ser lenta y desincentivar el mantenimiento activo de fincas pequeñas. Ambos relatos contienen fragmentos de verdad y omisiones relevantes, pero ninguno explica por sí solo lo que está ocurriendo y ocurrirá en el Pirineo aragonés. En las áreas de influencia directa del famoso Plan Pirineos.
Mientras se escriben estas líneas todavía no sabemos las hectáreas que finalmente se quemarán en el incendio originado en el municipio de Las Peñas de Riglos. Sin embargo, lo preocupante no es solo la cantidad hoy de superficie quemada, sino la cantidad y calidad que tendremos mañana. La pregunta técnicamente útil no es si intervenir el monte es bueno o malo en abstracto, sino qué necesita cada masa forestal concreta y con qué objetivo. Este verano tenemos y hemos tenido incendios en cotas muy altas, a 2.000 metros de altitud, en terrenos donde apenas se puede actuar con medios terrestres. Hasta hace pocos años, incendios a esa altitud eran una rareza. Hoy ya no sorprende a los expertos, que llevan tiempo advirtiendo de que las zonas de alta montaña, tradicionalmente libres de fuego, van a concentrar buena parte del aumento de superficie quemada en los próximos años.
Ese desplazamiento del fuego hacia cotas cada vez más altas se explica por la acumulación de combustible en masas forestales cada vez más continuas, favorecida por el abandono rural y por unas condiciones meteorológicas —marcada sequía estival, temperaturas extremas, estaciones de riesgo más largas— que han transformado un territorio que antes se libraba del fuego. Aumenta la probabilidad de incendios extremos y se acelera su propagación, agravantes que exigen reforzar la gestión preventiva. Es un razonamiento estructuralmente equivalente al que aplican otros sectores de riesgo: cuando aumenta la probabilidad de fallo de una infraestructura, la respuesta técnica es intensificar el mantenimiento, no resignarse a él. Y es que existe un consenso técnico amplio, compartido por ingenieros de montes, economistas ambientales y organizaciones ganaderas, que trasciende el eje izquierda-derecha: prevenir sale sustancialmente más barato que apagar y restaurar después.Además, la restauración posterior a un incendio suele resultar más cara que la propia extinción, un coste que no se contabiliza en los balances de eficacia del modelo actual.
Los datos del Ministerio para la Transición Ecológica confirman la asimetría que denuncia la izquierda. Solo entre un 12% y un 22% del gasto público contra incendios va a prevención, frente al 78% que se destina a extinción. A mayor preocupación buena parte de ese supuesto gasto “preventivo” no lo es. Son pistas, puntos de agua o tratamientos tan tenues que no cambian la estructura del combustible. Pero no es solo cuánto se invierte, sino qué modelo de gestión y aprovechamiento sostiene esa inversión a lo largo del año, más allá de la campaña estival. Se remarca la importancia del aprovechamiento de los productos forestales, ya que para que algo sea sostenible tiene que ser aprovechable y rentable, generando valor e interés para su mantenimiento en el tiempo por parte del territorio. Como plantean los técnicos Domingo Molina Terrén, Daniel Gómez, y Víctor Resco de Dios, la respuesta no es solo gastar más, sino tratar activamente hasta un millón de hectáreas al año en toda España con claras, desbroces, pastoreo dirigido y quemas prescritas. En definitiva, tratar de recuperar el mosaico de pastos y bosque que durante siglos frenó la continuidad del fuego. Y a la vez, favorecer el desarrollo económico de las zonas de montaña.
El propio Gobierno de Aragón menciona la “bioeconomía forestal” entre las líneas estructurales del Plan Pirineos, junto a vivienda, sanidad rural o conectividad, pero estas partidas aparecen como acompañamiento discursivo más que como ejes presupuestarios comparables al de la nieve. Ninguna de las cifras públicas disponibles hasta ahora sitúa la gestión forestal, la prevención de incendios o el apoyo a la ganadería extensiva en un nivel de inversión equiparable al destinado a infraestructuras de esquí.
Esta asimetría es relevante por una razón técnica, no partidista: el propio territorio que el Plan Pirineos pretende dinamizar, y del que depende el negocio del esquí, es el mismo que sufre el mayor riesgo de incendio por abandono rural y acumulación de combustible forestal. Este riesgo apenas a unos kilómetros de los valles donde se están invirtiendo millones en telecabinas y cañones de nieve, son el recordatorio más inmediato de esa vulnerabilidad compartida. Un incendio de gran magnitud en un valle pirenaico no solo destruye patrimonio natural, paisajístico, cultural o histórico, sino que puede inutilizar durante años las mismas infraestructuras turísticas en las que se invierten decenas de millones y vaciar aún más de población una zona ya frágil demográficamente. Invertir en cañones de nieve sin invertir en paralelo en la verdadera prevención como es la gestión y aprovechamiento forestal, el pastoreo extensivo y en Unidades operativas de gestión forestal sostenible, es apostar por un modelo de montaña vulnerable a su propia base territorial.
Por eso anunciar una cifra mayor de millones cada vez que se produce un incendio no basta, y el debate público debería volverse más exigente con la propia Administración y requerirle estar en condiciones de responder con datos públicos y verificables a preguntas como estas:
- ¿Cuántas hectáreas se gestionan activamente cada año y que de verdad suponen una mejora sustancial de cara a una mayor resiliencia a incendios? ¿Con qué tratamiento: clareos, desbroces, quemas prescritas…?
- ¿Cuántas hectáreas de áreas estratégicas de gestión y aprovechamiento quedan pendientes de ejecutar?
- ¿Cuántos kilómetros de pistas y cortafuegos realmente funcionales existen y se mantienen? ¿Dónde hay escasez de estos?
- ¿Cuántas Unidades operativas de gestión de fuegos forestales tenemos trabajando como unidades de intervención, cuando sea necesario, y como unidades de gestión y aprovechamiento forestalcuando no hay IF?
- ¿Qué porcentaje del presupuesto etiquetado como prevención se destina a tratamiento real del combustible frente a vigilancia, preataque o partidas administrativas?
- ¿Cuánta madera y biomasa procedente de tratamientos preventivos encuentra salida comercial, generando empleo local?
- ¿Cuáles son las políticas para la puesta en marcha de iniciativas industriales y de innovación para una economía de aprovechamiento de los productos forestales, especialmente de la madera de construcción y otros usos?
- ¿Cuáles pueden ser los modelos de inspiración para la gestión y aprovechamientos de nuestros bosques?
- ¿En qué municipios pirenaicos se está creando actividad económica alrededor de esa gestión y aprovechamiento forestal?
Curiosamente, ese ejercicio de intentar hacer las preguntas correctas para buscar respuestas consensuadas, antes de repartir el dinero, es justo lo que está intentando, al margen de los partidos, la Plataforma Ciudadana Jacetania 25-50. Nacida en diciembre de 2025 y presentada en Jaca en mayo, se define expresamente como transversal y sin vinculación política, y trabaja para recoger propuestas de vecinos, sectores económicos y colectivos de toda la comarca con el objetivo de construir un plan estratégico compartido hasta 2050, que después sirva como interpelación conjunta a las administraciones. Es, en pequeño, el modelo que el debate sobre incendios necesita: buscar acuerdos amplios sobre el territorio antes que focalizarse en quién tiene la culpa.
Y es urgente. Porque cada verano no solo se queman hectáreas. Se queman también los márgenes del debate público. La polarización tiene su coste. La izquierda tiene razón al señalar que la prevención necesita recursos y personal estable, pero sería insuficiente pensar que aumentar el número de medios resuelve por sí solo un problema estructural. La derecha tiene razón al reclamar una gestión forestal más activa y al cuestionar las trabas administrativas que dificultan actuaciones técnicamente justificadas, pero sería igualmente insuficiente convertir al ecologismo en el responsable genérico de cada incendio. Ninguna de las dos posiciones debería usar un incendio concreto para confirmar de antemano su ideología: el monte no vota, y el fuego tampoco. Responde a la combinación de combustible, topografía, meteorología y comportamiento del incendio, y por eso la política debería responder con esa misma lógica, conocimiento científico, gestión y aprovechamiento forestal, prevención, medios de extinción y actividad económica, en lugar de la lógica de la confrontación partidista.
Llevamos tres décadas aumentando presupuesto de extinción, medios, formación y tecnología, sin que la superficie quemada ni las víctimas mortales por incendios hayan mejorado de forma sostenida. Es la prueba de que el paradigma de apagar cada fuego lo antes posible y tratar el territorio de forma testimonial, ha fracasado. Solo un cambio radical de escala en el tratamiento activo del combustible, sostenido durante los próximos quince años, puede revertir la tendencia.
El bosque no es solo el paisaje que se contempla desde una estación de esquí, una carretera o un hotel rural. Es un valor inapreciable. Protege el suelo, regula el ciclo del agua, almacena carbono, sostiene biodiversidad, recursos madereros y ganaderos, y constituye uno de los principales activos que hacen atractivo al Pirineo turísticamente. Pero cuando acumula combustible en exceso, sin gestión ni aprovechamiento, y se estructura de forma continua, ese mismo activo puede convertirse en el soporte de incendios de enorme intensidad.
Por ello el futuro del Pirineo no debería consistir únicamente en construir una economía alrededor de la nieve, sino en hacer económicamente viable y ambientalmente resiliente el conjunto de la montaña. Turismo, sí, pero también bosque, ganadería, madera, biomasa y empleo rural. No se trata de elegir entre economía y medio ambiente, sino de entender que, en la montaña, la gestión y el aprovechamiento del territorio forma parte de ambas cosas.