Personal de INFOAR en una de las intervenciones realizadas en julio en Aragón. GOBIERNO DE ARAGÓN
El devastador incendio desatado el pasado 16 de julio en la comarca aragonesa de Cinco Villas, en el que ardieron más de 15.000 hectáreas, ha sido una esperanzadora excepción en lo que se refiere a las reacciones habituales generadas ante catástrofes similares. Por fortuna, en esta ocasión hubo desde el primer momento una gestión de la lucha contra el fuego en la que colaboraron las administraciones aragonesa y central, de partidos diferentes, sin ningún cruce de reproches. No ha sido el caso de los incendios de Madrid y Ávila, donde portavoces políticos y medios de comunicación corrieron desde el primer momento a avivar las llamas del alocado debate público.
Los ciudadanos nos hemos acostumbrado al intercambio de recriminaciones entre representantes institucionales y otros dirigentes con ausencia total de autocrítica cuando se producen desgracias que conmocionan a la población. Ejemplos recientes como la gestión de la pandemia en las residencias de personas mayores, la DANA de Valencia, los incendios del pasado verano en Galicia y Castilla y León y el accidente ferroviario de Adamuz muestran cómo se produce un uso electoralista de las tragedias, muchas veces antes de que las víctimas mortales sean enterradas. Se trata de un fenómeno relacionado con el clima de creciente polarización que viven desde hace años muchas democracias occidentales.
Hubo un tiempo no muy lejano en el que determinados asuntos (la intervención ante las catástrofes naturales, las grandes decisiones de política exterior o la lucha antiterrorista, por poner tres ejemplos) quedaban fuera de la confrontación interpartidaria. Pero en el debate actual vale todo. Existe una ceguera ideológica exacerbada que imposibilita los acuerdos y la discusión razonable y, a la vez, produce una grave desafección hacia la política que solo beneficia a las fuerzas antisistema.
Obviamente, los partidos tienen la obligación, cuando están en la oposición, de señalar las deficiencias o errores de actuación en cualquier circunstancia y ofrecer alternativas. Del mismo modo, los grupos que gobiernan deben dar explicaciones sobre las decisiones tomadas, especialmente, en las emergencias. Pero ese democrático reparto de papeles queda muchas veces sustituido por unos discursos de portavoces, en ocasiones faltos de respeto al contrario, que solo buscan ganar el relato para sus fieles o tirar para casa. Ocurre, incluso, que cuando se producen situaciones dramáticas que, como los incendios, afectan a territorios concretos, la batalla ideológica y mediática se produce en Madrid, lejos de las llamas, pero escenario principal de la encarnizada lucha por el mando del país.
Una de las consecuencias de esas pugnas es cierto descrédito del modelo autonómico consagrado en la Constitución de 1978. Las maniobras para zafarse de las responsabilidades cargando las culpas en las administraciones de otro color alimentan los discursos de quienes no verían mal un regreso al Estado centralizado. El eslogan “Un Gobierno y no 17” es recurrente entre fuerzas políticas de extrema derecha, especialmente cuando se producen emergencias. Frente a esa ofensiva, pensamos que el Estado autonómico tiene los suficientes mecanismos de coordinación para ser eficiente, siempre que las diferentes administraciones actúen desde la lealtad institucional, es decir, sin poner por delante los intereses propios a los de los ciudadanos. Sería clarificador, no obstante, asignar recursos y competencias de una forma más nítida y justa.
Es evidente que los partidos son actores esenciales e imprescindibles en la política democrática. Se nutren de miles de militantes que, desde sus diferentes ideologías, piensan en los problemas de la ciudadanía y asumen una legítima pugna por gobernar las instituciones. Sin embargo, la complejidad y la acritud del debate en el plano estatal hace que el público reciba con creciente recelo los mensajes partidistas. De ahí, un crecimiento de la llamada antipolítica, entendida como un rechazo generalizado a los partidos y a las organizaciones representativas salidas de las urnas. Se trata de una corriente emparentada con la nostalgia de la dictadura.
Creemos, por el contrario, en una política capaz de llegar a acuerdos (¿por qué no un gran pacto de Estado sobre incendios forestales?) en la que nuestros representantes actúen antes como bomberos que como pirómanos.