El Papa León XIV durante su intervención en el Congreso de los Diputados el pasado 8 de junio. CONGRESO
La reciente visita del papa León XIV a España nos ha ofrecido una radiografía casi perfecta de la complejidad cultural e ideológica que define a nuestra sociedad contemporánea. Mientras miles de fieles llenaban los actos programados y la figura del pontífice invadía las portadas de los medios, un sector importante de la ciudadanía observaba el despliegue institucional con una mezcla de desconcierto y crítica.
Este viaje ha trascendido el ámbito pastoral y se ha convertido en un espejo que refleja la difícil convivencia entre una sociedad aceleradamente secularizada, en un Estado legalmente aconfesional, y la persistente tentación de ignorar el laicismo en favor de los privilegios históricos.
El primer choque con la realidad lo aportan los datos estadísticos. El Papa aterrizó en un país donde la secularización ya no es una mera teoría sociológica, sino una forma de vida mayoritaria. Las iglesias se vacían y los matrimonios civiles duplican con creces a los religiosos. Las conductas individuales en materia de diversidad sexual, derechos reproductivos o eutanasia se rigen firmemente por la moral civil y la libertad de conciencia, habiendo dejado atrás el dogma católico. Aunque algunos sociólogos detectan un tímido repunte de la espiritualidad en ciertos sectores juveniles, achacable a múltiples factores, la tendencia general es irreversible: la España actual es abrumadoramente laica en su día a día.
Es precisamente en este contexto donde la pleitesía de los representantes públicos en los actos papales destapa una incoherencia que roza la confesionalidad encubierta. El Artículo 16.3 de la Constitución establece de forma nítida que ninguna religión tendrá carácter estatal. Resulta paradójico ver a líderes políticos ocupar las primeras filas de los eventos litúrgicos, cuando ostentan cargos que representan a la totalidad de la ciudadanía. Mientras el bloque conservador se apresura a comulgar buscando el rédito electoral del voto tradicional, la actitud de la izquierda desvela un panorama como poco paradójico e incoherente.
Para una parte sustancial de los representantes progresistas, la reverencia ante el Papa es solo un equilibrismo táctico para evitar ser tachados de “anticlericales”, porque el discurso de León XIV –centrado en la denuncia del capitalismo salvaje, el racismo y la deshumanización de los migrantes y de los pobres– encaja perfectamente en unas políticas de justicia social, acogida y redistribución, que una porción significativa de la izquierda intenta impulsar. De este modo, justifican su presencia en los palcos no por sometimiento eclesiástico, sino por una sintonía ética con el mensaje social del Evangelio, aunque esta actitud pueda llevar a generar una doble moral institucional: legislan a favor de libertades civiles que la doctrina vaticana condena de raíz, pero instrumentalizan la fe privada o la afinidad social del Pontífice en sus estrategias públicas de legitimación.
Por otro lado, la derecha y la ultraderecha muestran su propia contradicción: asisten masivamente a los actos religiosos para fotografiarse con la mitra, pero cierran los oídos ante las duras denuncias del Papa sobre el drama migratorio y las desigualdades estructurales, usando al pontífice como un simple símbolo de identidad patria. La incoherencia si cabe es todavía mayor cuando sus principios dicen estar amparados en una confesionalidad concreta que deberían exigirles un compromiso más activo a favor de la justicia en su quehacer político.
En ambos casos se diluyen las barreras entre las convicciones éticas personales y la deseable neutralidad pública, quebrando así el principio de aconfesionalidad que tanto defienden algunos en sus programas políticos. Así, mientras ciertas administraciones autonómicas y locales suprimen partidas de ayuda al desarrollo, otras financian parcial e indirectamente estos macro eventos.
En última instancia, un país maduro debe ser capaz de escuchar con respeto a un líder global, pero también debe exigir que sus gobernantes abandonen el teatro de la sumisión. Es hora de transitar de la vieja inercia confesional a una aconfesionalidad estricta y real, y todavía sería más deseable avanzar hacia un estado laico que, por supuesto, no busca la erradicación del hecho religioso, sino su justa ubicación en el ámbito de lo privado, garantizando que el espacio público pertenezca a todos. En todo caso, pensamos que laicismo y espiritualidad son perfectamente compatibles.