«La IA puede reducir esperas, eliminar trámites repetitivos y devolver al ciudadano parte del control que hoy pierde frente a una Administración lenta y opaca»
El objetivo de la Administración no es conservar cada función tal como existe, sino prestar un servicio mejor al ciudadano.
Hace unas semanas se presentó en Miami una IA capaz de comprobar, en menos de diez segundos, si una solicitud de licencia de obra está completa y cumple los requisitos para su aprobación. No sustituye al técnico municipal ni autoriza por sí sola proyectos complejos, pero detecta documentos ausentes, errores e incumplimientos antes de que el expediente pase a la revisión técnica.
El contraste con España es inevitable. Aquí una licencia de obra puede convertirse en una carrera de obstáculos. Comprobaciones, requerimientos o correcciones alargan algunos expedientes durante meses e incluso años. Mientras se suceden los informes, los silencios administrativos y los cambios de criterio, el ciudadano queda en una situación de total indefensión. Muchas veces desconoce quién tramita su solicitud, por qué no avanza, qué debe corregir o cuándo obtendrá una respuesta.
El problema no es solo el retraso, sino la indefensión que genera. Cuando la administración no explica con claridad por qué un expediente está detenido, qué criterio aplica o cuándo piensa resolverlo, el ciudadano queda atrapado en un bucle de desamparo. Un particular, un autónomo o una empresa pueden depender durante meses o incluso años de una respuesta que condiciona la reforma de una vivienda, la apertura de un negocio o una inversión.
Pero las licencias son solo un ejemplo. La misma sensación aparece cuando alguien espera una cita médica, una prueba diagnóstica, el reconocimiento de una dependencia, una prestación o la homologación de un título. Una espera que puede tener graves consecuencias ya que afecta a la salud, a los ingresos, a la vivienda o al acceso a un empleo.
La IA puede cambiar esto. En algunos trámites sencillos, basados en requisitos concretos, incluso puede resolver de forma automática. En otros, donde entran en juego el criterio, la responsabilidad o situaciones complejas, debe apoyar a médicos o técnicos, no sustituirlos. También puede clasificar solicitudes, detectar documentos ausentes, priorizar casos urgentes, evitar duplicidades e informar al ciudadano sobre el estado real de cada trámite.
El problema es que muchas administraciones han confundido digitalizar con trasladar la burocracia a una pantalla. El ciudadano rellena formularios, adjunta documentos, obtiene certificados y aprende a manejar sedes electrónicas, pero la opacidad y la espera permanecen intactas. Se ha modernizado la entrada del expediente, no su gestión.
La IA puede hacer que la Administración funcione mejor, con menos esperas, más información y menos margen para la arbitrariedad. Eso exige reorganizar procesos y, en algunos casos, reducir puestos dedicados a tareas repetitivas que una máquina puede hacer con mayor rapidez. No debería ser un tabú. El objetivo de la Administración no es conservar cada función tal como existe, sino prestar un servicio mejor al ciudadano. Si una tecnología permite hacerlo con menos costes, menos retrasos y más transparencia, lo irresponsable sería no utilizarla.