Oficina liquidadora del registro de la propiedad en Jaca. EL PIRINEO ARAGONÉS
El grupo municipal ARAGONESES ha celebrado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Aragón y el Colegio de Registradores para mantener el servicio de las oficinas liquidadoras de distrito hipotecario, una solución que pone fin a varios meses de incertidumbre sobre el futuro de la atención tributaria en municipios como Jaca y que, a juicio de la formación, refuerza la prestación de los servicios públicos en el medio rural.
El acuerdo llega después de la controversia generada por el nuevo modelo de organización de las oficinas liquidadoras, encargadas de la gestión y tramitación de impuestos cedidos por la Comunidad Autónoma, como los relacionados con sucesiones, donaciones o transmisiones patrimoniales. La posible reorganización del servicio había despertado preocupación entre instituciones, profesionales y usuarios ante el temor de que pudiera reducir la atención presencial y obligar a muchos ciudadanos a desplazarse o recurrir a servicios privados para completar determinados trámites.
En este contexto, ARAGONESES considera que el entendimiento alcanzado entre ambas partes demuestra que el diálogo institucional resulta la mejor vía para resolver cuestiones que afectan directamente a los ciudadanos. La formación recuerda que desde el inicio defendió que el debate debía centrarse en garantizar un servicio público cercano, accesible y con todas las garantías jurídicas, evitando convertir la cuestión en una confrontación partidista.
El grupo municipal señala igualmente que fue el primero en promover una iniciativa institucional en el Ayuntamiento de Jaca para buscar una posición de consenso entre las distintas fuerzas políticas. Asimismo, trasladó su preocupación al Justicia de Aragón con el objetivo de que analizara si el nuevo modelo garantizaba los derechos de los contribuyentes y mantenía la calidad de la asistencia prestada.
Aunque valora positivamente el acuerdo, ARAGONESES advierte de que su eficacia deberá comprobarse en la práctica. En este sentido, anuncia que seguirá de cerca la implantación del nuevo modelo para verificar que se mantienen los actuales niveles de atención especializada, proximidad y seguridad jurídica, especialmente en procedimientos relacionados con herencias, sucesiones y transmisiones patrimoniales.
La formación también insiste en que la modernización administrativa no debe traducirse en una pérdida de servicios para los municipios rurales ni en costes adicionales para los ciudadanos por tener que acudir a gestorías privadas para realizar trámites que hasta ahora podían resolverse mediante asistencia pública. A su juicio, la mejora de la eficiencia debe ir acompañada del mantenimiento de una atención de calidad con independencia del lugar de residencia.
Por último, ARAGONESES reafirma su compromiso de mantener una oposición “útil, responsable y constructiva”, colaborando en aquellas iniciativas que beneficien al territorio y exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos cuando estén en juego los derechos de los vecinos y la calidad de los servicios públicos en el medio rural.