«La IA no solo destruirá empleos. También debilitará la base fiscal sobre la que se sostiene el Estado del bienestar»
De las nóminas salen buena parte de los recursos que pagan sanidad, educación, pensiones o ayudas públicas.
En el artículo anterior planteaba que la IA (inteligencia artificial) no solo cambiará el empleo, sino la forma en que organizamos la sociedad. Si una parte importante del trabajo humano deja de ser necesaria, el problema no termina en quienes pierden su puesto. También afecta a la estructura construida sobre el empleo.
Durante décadas, el Estado del bienestar se ha financiado sobre una estructura muy clara: empleo, salarios, cotizaciones y consumo. Las nóminas generan IRPF, las empresas aportan cotizaciones y el consumo sostiene una parte importante de la recaudación. De ahí salen buena parte de los recursos que pagan sanidad, educación, pensiones o ayudas públicas. Si la IA reduce el peso del empleo, debilita la base principal sobre la que se sustenta el sistema.
Si las empresas producen más con menos personas, habrá menos salarios sobre los que recaudar, menos cotizaciones y más presión sobre el gasto público. La paradoja es evidente: la tecnología aumenta la productividad y los beneficios de algunas compañías mientras reduce el trabajo humano que sostiene el sistema común.
¿Qué ocurre si la riqueza se sigue generando, pero ya no pasa por las nóminas de millones de personas? Hasta ahora, el empleo funcionaba como puente entre producción, ingresos personales y financiación pública. Si ese puente se estrecha, habrá que decidir cómo se recauda y cómo se reparte el valor creado por la automatización.
La renta básica, la reducción de jornada o los impuestos a la automatización aparecerán inevitablemente. Pero ninguna solución será sencilla. Una renta básica exige financiación estable. Una reducción de jornada requiere empresas capaces de sostener salarios con menos horas. Y grabar la automatización plantea otra dificultad: hacerlo sin frenar la innovación ni permitir que las tecnológicas desplacen beneficios hacia donde paguen menos.
Ese será uno de los grandes conflictos políticos de la IA. No solo cuántos empleos destruye, sino quién asume el coste de esa transformación. Si una empresa sustituye trabajadores por sistemas automáticos y concentra más beneficio con menos empleo, una parte de ese valor tendrá que volver a la sociedad. La dificultad estará en convertir ese principio en normas reales dentro de una economía global.
El problema no será solo nacional. Las empresas que lideran la IA operan a nivel global y organizan su fiscalidad donde más les conviene. Si el coste social de la automatización se queda en un territorio, pero el beneficio tributa en otro, el desequilibrio será evidente.
La IA no solo obligará a revisar el papel del trabajo. También pondrá sobre la mesa cómo se financia lo público cuando el empleo pese menos. Durante mucho tiempo, la nómina fue una pieza central del contrato social. Si esa pieza pierde fuerza, habrá que encontrar otra forma de sostener el sistema. La pregunta ya no es solo cuánta riqueza generará la IA, sino cómo se repartirá y quién contribuirá a financiar lo común.