Manos contra el racismo. LENA HELFINGER (Pixabay)
Muchos ciudadanos españoles nos escandalizamos cuando, el pasado 31 de marzo, miles de personas presentes en el estadio de Cornellà (Barcelona) corearon gritos islamófobos (“musulmán el que no bote”) durante el partido amistoso de fútbol entre las selecciones de España y Egipto. Aunque estamos acostumbrados a que grupos minoritarios muestren comportamientos racistas en acontecimientos deportivos, esta vez sorprendió la cantidad de público que coreó el infame cántico. Sectores enteros del graderío botaron contra los musulmanes de ambos equipos. El suceso trajo a colación el recuerdo de los gravísimos incidentes de Torre Pacheco (Murcia) de julio del año pasado, incluidas cacerías de inmigrantes magrebíes jaleadas y llevadas a cabo por grupos de ultraderecha.
Ambos episodios muestran la dificultad de la sociedad española para asumir la convivencia de distintas culturas y religiones en el país y el miedo que produce en determinados sectores la llegada de inmigrantes, un temor propagado por los discursos que vinculan a los extranjeros con la delincuencia y con un riesgo para las tradiciones locales. Tales recelos son espoleados por grupos extremistas para extender su modelo político intolerante, racial y alérgico al pluralismo. Sin ir más lejos, el pasado 22 de abril, el diputado de Vox Ignacio Hoces calificó en el Congreso de “jóvenes patriotas” a quienes “quieren defender nuestra identidad” con el grito de “musulmán el que no bote”.
España, pese a su particular historia (el islam penetró en la península Ibérica en el 711 y fue mayoritario durante siglos en muchos territorios), no ha sido la excepción en Europa al creciente impacto de la teoría del Gran Reemplazo, que sugiere que las sociedades occidentales van a ser progresivamente sustituidas por inmigrantes africanos musulmanes, con el beneplácito de las élites políticas y culturales. El populismo hispano de extrema derecha ha promovido –y con éxito, a juzgar por los recientes pactos de gobierno en distintas autonomías– una política de prioridad nacional, que significa que los nacidos aquí tenemos preferencia sobre los inmigrantes en el uso de los servicios públicos y en la percepción de ayudas y subvenciones.
Frente a este caldo de cultivo, que solo puede traer conflictos sociales y polarización ciudadana, consideramos muy importante denunciar sin contemplaciones la retórica del odio o los discursos que estigmatizan a ciertos grupos sociales. Asimismo, creemos imprescindible combatir las noticias falsas o exageradas que vinculan a los inmigrantes con violaciones, okupaciones y todo tipo de desmanes. Finalmente, condenamos los escraches, vengan de donde vengan, como método de coacción a personajes públicos, así como los insultos organizados por minorías en espectáculos y fiestas populares. El pasado viernes, sin ir más lejos, se escucharon en la calle Mayor de Jaca, tras el canto del himno festivo de ese día, los habituales improperios contra el presidente del Gobierno. Pensamos que esas prácticas dañan seriamente la convivencia. Las opiniones, por radicales que sean, deben ser expresadas en debates alejados de la violencia verbal y del matonismo. Y de igual modo que defendemos los derechos de las minorías a expresarse, cabe recordar que las personas elegidas democráticamente para formar parte de las instituciones merecen un respeto como representantes públicos.
La inmigración es un fenómeno de nuestro tiempo en un mundo globalizado y con grandes desigualdades entre países y continentes. Dada la estructura demográfica de naciones como España, la inmigración es necesaria y beneficiosa. Pensar que unos pueblos podemos vivir de espaldas a otros es actualmente una utopía. Ahora bien, la inmigración debe ser gestionada por los poderes públicos de manera ordenada y justa. Todo lo que sea alimentar los miedos al diferente solo puede conducir al conflicto social y a la imposición de unas ideas discriminatorias, sobradamente conocidas en la historia reciente, que en ningún caso deberíamos normalizar.