Una de las reuniones de familias celebrada en Jaca, en una imagen facilitada por los organizadores de estos encuentros.
En Jaca y su entorno, cada vez más familias cuestionan la entrega del smartphone al final de Primaria o al inicio de Secundaria. Muchas perciben que el entorno no es neutral, que toman esa decisión en desventaja informativa y en un contexto en el que existe preocupación por sus posibles efectos negativossobre la atención, el descanso, la convivencia o la salud, así como por el modo en que su impacto puede acabar recayendo sobre los hogares, los centros educativos y el sistema sanitario. Por eso, empiezan a plantearse pactos voluntarios para retrasar el acceso al smartphone, porque estas decisiones no son tan libres como parecen: están fuertemente condicionadas por la presión del entorno.
A ello se suma que no todas las familias cuentan con los mismos recursos para prevenir o mitigar sus posibles efectos adversos. Tal como recoge el informe “Screen Time and Educational Outcomes of Children and Adolescents”, elaborado en 2025 en el marco de la Comisión Europea, el impacto del uso de dispositivos está condicionado por el entorno socioeconómico: las familias con más recursos disponen de mecanismos para modularlo, mientras que en contextos más vulnerables se concentra una mayor parte de sus efectos negativos. Además, en muchos casos, el dispositivo acaba utilizándose como una solución rápida —para entretener, calmar o gestionar situaciones cotidianas—, lo que refuerza su normalización temprana.
Esta iniciativa local forma parte del movimiento Adolescencia Libre de Móviles, surgido en Barcelona en 2023 y al que ya se han sumado más de 30.000 familias y profesionales con un objetivo común: replantear el papel del smartphone en la infancia y el uso de pantallas. Su enfoque no pasa por rechazar la tecnología, sino por hacer un uso más razonable, acompañar mejor a los menores y retrasar la entrega del smartphone, especialmente en edades tempranas, con apoyo entre familias para reducir la presión social.
Una preocupación que ya es mayoritaria
Los datos muestran que esta preocupación está muy extendida. Según una encuesta del movimiento, el 84 % de las familias estaría dispuesta a un pacto para retrasar el smartphone y una amplia mayoría sitúa la edad mínima en torno a los 16 años. Sin embargo, la realidad es muy distinta: según el estudio de UNICEF Impacto de la tecnología en la adolescencia, basado en 41.509 estudiantes de ESO de toda España, la edad media de acceso al primer móvil con Internet es de 10,96 años.
En Jaca, esta preocupación ya se ha traducido en acciones concretas. En una reunión reciente, en la que participaron 34 personas, entre ellas docentes, profesionales sanitarios y representantes del ámbito deportivo e institucional, el diagnóstico sobre el impacto del smartphone fue compartido: dificultades de atención, peor descanso, menor rendimiento escolar, problemas de convivencia y sensación de dependencia del dispositivo, efectos que, al menos en parte, coinciden con las advertencias formuladas por la Asociación Española de Pediatría, que recomienda retrasar la entrega del smartphone y priorizar, en estas edades, alternativas más simples. También se insistió en una idea clave: tener un teléfono inteligente no implica necesariamente mayor seguridad para los menores; en muchos casos puede exponerlos más.
Además, el movimiento ya cuenta con una red local en crecimiento, articulada en torno a un grupo de difusión de WhatsApp con más de 160 miembros, que está siendo clave para coordinar a las familias y sostener la iniciativa. La reunión sirvió también para fijar una hoja de ruta orientada a extender el debate y avanzar hacia la firma de pactos voluntarios.
Villanúa: un pacto que ya funciona
El caso de Villanúa demuestra que este planteamiento ya funciona en la práctica: allí se ha firmado un pacto entre familias para aplazar la llegada del smartphone, con una adhesión mayoritaria. Además, el enfoque es práctico: usar alternativas como teléfonos básicos o relojes y, si el dispositivo ya existe, fijar límites claros de uso. En Villanúa, además, ya está operativa una red de establecimientos donde un menor puede hacer una llamada puntual si la necesita.
La idea de fondo es sencilla: no todo lo que parece normal es necesariamente adecuado. El propio movimiento lo resume con una pregunta directa: ¿para qué necesita un móvil con internet un niño de 12 años?
La propuesta que empieza a abrirse paso en Jaca sigue esa misma lógica. No se trata de imponer, sino de coordinarse, porque muchas decisiones responden más a la inercia social que a una convicción real. En este contexto, la acción compartida entre familias cobra especial sentido, porque no puede darse una solución individual a un problema que ya es colectivo.
Reunión en la Biblioteca Municipal de Villanúa, en una imagen proporcionada por las familias convocantes.
Regulación, asimetría de información y presión social
En Aragón, la Orden ECD/465/2026, de 10 de marzo, y la propuesta, a nivel estatal, de elevar a 16 años la edad mínima de acceso a redes sociales reflejan que el problema empieza a verse como estructural. Pero la experiencia histórica muestra que la regulación suele llegar tarde: primero se normaliza el uso, después aparecen y se acumulan sus efectos, y solo entonces llegan las respuestas institucionales. En ese intervalo, los beneficios económicos tienden a concentrarse en la industria digital, mientras una parte importante de los costes recae sobre las familias, los centros educativos y el sistema sanitario y social, con efectos visibles en la salud, la atención y el bienestar de los menores. En parte, esto puede explicarse porque los beneficios sociales de la tecnología son relativamente fáciles de medir, mientras que los costes suelen resultar menos evidentes o quedar infravalorados, al distribuirse por todo el tejido social y manifestarse de forma diferida en el tiempo.
A ello se añade una clara asimetría de información: muchas familias toman esta decisión sin conocer en profundidad como está diseñado el entorno digital al que acceden sus hijos, mientras que la industria que lo diseña sí conoce bien los mecanismos que favorecen la captación de atención y el uso prolongado. En ese contexto, presentar la entrega del smartphone como una simple elección individual distorsiona la realidad. Cuando la mayoría del entorno ya dispone de él y, además, no todas las familias cuentan con los mismos recursos para afrontar esa situación, la libertad de elección deja de ser plena. Por eso, sin una regulación efectiva, esa libertad puede ser, en realidad, un espejismo.
Un cambio que empieza desde las familias
El debate no es solo tecnológico, sino también social. No se trata de prohibir, sino de proteger mejor a la infancia y de ayudar a que las familias puedan decidir con más libertad. Y, como ya muestra Villanúa, ese cambio puede empezar a traducirse en acuerdos concretos.