Carlos Serrano: “Tenemos que defender los intereses de nuestras vecinas y trabajar para que haya un acuerdo”
Bloque de viviendas protegidas de alquiler de la calle Luis Buñuel, donde residen los vecinos afectados por la subida aplicada en los nuevos contratos. EL PIRINEO ARAGONÉS
El Ayuntamiento de Jaca continúa trabajando como mediador en el conflicto surgido entre las vecinas y la propiedad del edificio de viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler, con el objetivo de facilitar un entendimiento entre ambas partes y atender las situaciones de mayor vulnerabilidad social.
El alcalde de Jaca, Carlos Serrano, ha mantenido recientemente una reunión con el promotor del inmueble para conocer de primera mano la situación actual de las viviendas y avanzar en una posible solución al desacuerdo surgido en torno a la renovación de los contratos de alquiler.
Durante ese encuentro, el alcalde solicitó información actualizada sobre el estado de los contratos y pidió al promotor que realice un esfuerzo en la negociación con las cuatro vecinas cuyos contratos siguen pendientes de acuerdo. “Le pedí una serie de datos actualizados de cómo estaba la situación y también que hiciese un esfuerzo en la negociación con las cuatro vecinas afectadas que faltan de resolver sus contratos, porque también es una cuestión social”, explicó Serrano.
El alcalde subrayó que el Ayuntamiento está defendiendo los intereses de las vecinas afectadas y tratando al mismo tiempo de facilitar el diálogo entre todas las partes implicadas. “Como alcalde de Jaca tengo que defender los intereses de nuestras vecinas, al igual que defiendo los intereses de todos los ciudadanos que están buscando una vivienda y necesitan un alquiler”, señaló.
En este sentido, Serrano enmarcó esta situación dentro de las dificultades de acceso a la vivienda que se están registrando en la ciudad. El consistorio trabaja actualmente en la elaboración de un plan local de vivienda que permita abordar este problema y mejorar las posibilidades de acceso al alquiler en el municipio.
Paralelamente, el alcalde mantuvo también una reunión con las cuatro vecinas afectadas, que acudieron el jueves, acompañadas por representantes de la Plataforma por una Vivienda Digna. En ese encuentro reiteró el compromiso municipal de seguir trabajando para que las negociaciones puedan avanzar. “Mantuvimos firme nuestro compromiso de negociar con el promotor y con todas las instituciones implicadas para que podamos llegar a buen puerto y solucionar este problema”, indicó.
Según trasladó la propiedad del edificio al Ayuntamiento durante la reunión mantenida recientemente, en la actualidad doce viviendas del inmueble cuentan con contrato en vigor, mientras que dos se encuentran libres y otras cuatro permanecen pendientes de negociación.
De los contratos existentes, seis han sido renovados recientemente y otros seis se encuentran vencidos, por lo que únicamente quedan cuatro viviendas pendientes de firmar el nuevo contrato. La propiedad se comprometió a mantener negociaciones individualizadas con cada uno de los casos que todavía están sin resolver e informar al Ayuntamiento de los avances que se vayan produciendo.
En relación con los precios de los alquileres, la propiedad explicó que se están aplicando las tarifas correspondientes al régimen de vivienda protegida con una reducción aproximada del 20%. De este modo, los importes se sitúan en torno a los 564 euros mensuales para las viviendas de régimen básico y 635 euros para las de régimen tasado, incluyendo plaza de garaje y trastero, informó el consistorio a través de una nota remitida a los medios.
A estas cantidades se suman los gastos de comunidad, que actualmente oscilan entre los 59 y 62 euros mensuales por vivienda. Asimismo, las viviendas están exentas del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Desde el Ayuntamiento recuerdan que se trata de una propiedad privada, por lo que las competencias municipales en este caso son limitadas. No obstante, el consistorio ha trabajado desde el primer momento para facilitar el diálogo entre las partes y tratar de favorecer una solución que tenga en cuenta las circunstancias de las vecinas afectadas, se indica en la nota.
En esta línea, el Ayuntamiento tiene previsto trasladar la situación al Departamento de Vivienda del Gobierno de Aragón con el fin de que pueda intervenir en el proceso de mediación y contribuir a encontrar una solución que permita resolver el conflicto existente.
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