La denuncia del colectivo subraya la desigualdad social y de género en el acceso a la vivienda protegida
Los miembros del colectivo Vivienda Digna Viello Aragón y las afectadas María Arnal y Berta Lantero tras la reunión con el alcalde de Jaca, Carlos Serrano. EL PIRINEO ARAGONÉS
La reunión celebrada ayer, jueves 5 de marzo, entre el colectivo Vivienda Digna Viello Aragón, varias vecinas afectadas y el alcalde de Carlos Serrano concluyó con el compromiso municipal de trasladar el caso al Gobierno de Aragón para que, dentro de sus competencias, intervenga como mediador ante la promotora y busque una solución individualizada para las cuatro mujeres que permanecen en situación de vulnerabilidad tras la subida del alquiler en el bloque de vivienda protegida de Jaca.
El encuentro se produjo después de que el regidor mantuviera también un contacto previo con la promotora Promociones Nicuesa (Pronisa) sin que ese primer intento de negociación ofreciera resultados. Según explicaron desde el colectivo, el objetivo de la reunión era trasladar al Ayuntamiento la gravedad de los casos que permanecen abiertos tras el incremento del precio de los alquileres en este edificio de protección oficial.
De las dieciocho familias inicialmente afectadas por la subida —que en algunos casos alcanza el 70%—, varias han aceptado finalmente los nuevos contratos. Sin embargo, cuatro unidades familiares, todas ellas encabezadas por mujeres que viven solas o con hijos y cuentan con certificado de vulnerabilidad económica, no pueden asumir el nuevo coste del alquiler y temen enfrentarse al inicio de procedimientos de desahucio.
Petición de mediación institucional
David Lorenz, miembro del colectivo Vivienda Digna Viello Aragón, explicó tras la reunión que la prioridad es encontrar una solución específica para estos cuatro casos. “Creemos que una vivienda de protección oficial y un certificado de vulnerabilidad tienen que servir para algo, para no enfrentarse a una subida del 70% del alquiler”, señaló.
Lorenz defendió que las instituciones deben implicarse para evitar que estas familias pierdan su vivienda. “No puede ser que cuatro personas con certificado de vulnerabilidad se enfrenten a un desahucio en una vivienda de protección oficial subvencionada por el Gobierno de Aragón”, afirmó.
En este sentido, el colectivo considera que el Gobierno autonómico puede desempeñar un papel relevante, ya que la promotora mantiene distintos contratos con la administración autonómica. “Entendemos que hay margen para que la DGA medie y estudie cada caso para que el alquiler no supere el 30% de los ingresos, que es lo que recomiendan las directrices europeas”, añadió.
Según el propio Lorenz, el alcalde trasladó durante la reunión su compromiso de iniciar contactos con el Ejecutivo autonómico para buscar una salida negociada. “Tenemos su compromiso de hablar con el consejero en funciones y esperamos que se cumpla”, indicó.
“El escollo está en la promotora”
Las afectadas presentes en el encuentro coincidieron en señalar que el principal obstáculo se encuentra en la postura de la empresa promotora. María Arnal explicó que el alcalde ya había mantenido un contacto previo con la compañía para explorar posibles soluciones.
“Ahí se ve que el escollo está precisamente en el promotor, que no da en absoluto ningún brazo a torcer”, afirmó. Según Arnal, la estrategia de las vecinas pasa por presionar a las instituciones para que respalden su situación. “Como personas físicas tenemos poco poder. Necesitamos que las instituciones nos respalden para que el promotor ceda”.
La afectada subrayó también que los cuatro casos pendientes tienen un denominador común: “Los cuatro casos de vulnerabilidad somos mujeres viviendo solas con sueldos que no nos permiten asumir la subida que plantea el promotor”.
Situaciones personales límite
Durante la comparecencia también intervino Berta Lantero, otra de las vecinas afectadas, que explicó su situación particular dentro del bloque. Según relató, su vivienda pertenece al régimen tasado, una modalidad que le impide acceder a determinadas ayudas públicas.
“Hace once años me ofrecieron ese contrato y yo ni siquiera sabía qué significaba régimen tasado”, explicó. “Ahora resulta que no puedo acceder a ayudas sociales del Gobierno de Aragón”.
La alternativa planteada por la promotora, según señaló, consiste en trasladarse a otra vivienda del mismo edificio con un alquiler cercano a los 680 euros mensuales tras una reducción del 20%. “Mi situación no me permite pagar más de lo que pago ahora. Si pudiera, lo habríamos cerrado hace días”, afirmó.
Lantero insistió además en que las afectadas continúan pagando el alquiler, aunque el propietario no acepte los pagos. “Lo estamos depositando en el juzgado. No estamos en situación de impago”, subrayó.
Impacto emocional
Desde el colectivo, Asun de Andrés quiso poner el foco en el desgaste personal que está provocando la situación. “El tema emocional habría que pasarlo para valorarlo. Día tras día, mes tras mes, estar pasando ese suplicio desgasta a cualquier persona”, afirmó.
El colectivo Vivienda Digna Viello Aragón ha solicitado que las administraciones implicadas —Ayuntamiento de Jaca, Comarca de la Jacetania y Gobierno de Aragón— trabajen conjuntamente para encontrar una solución que tenga en cuenta la situación concreta de estas cuatro familias y su capacidad económica.
La propuesta planteada pasa por negociar alquileres adaptados a los ingresos de cada unidad familiar, de modo que el coste de la vivienda no supere el 30% de sus ingresos.
OPINIÓN
