Bloque de viviendas en la calle Luis Buñuel en el que residen de las inquilinas. EL PIRINEO ARAGONÉS
Las inquilinas del bloque de viviendas de protección oficial (VPO) de Jaca volverán a movilizarse este martes, 3 de febrero, con una concentración convocada a las seis de la tarde frente al Ayuntamiento. La protesta, impulsada por la Plataforma Vivienda Digna, pretende denunciar que, dos meses después del inicio del conflicto, “nada ha cambiado” y la situación de incertidumbre y encarecimiento de los alquileres continúa sin resolverse.
El origen del problema se remonta a finales de 2025. Según explican las afectadas, la empresa promotora Pronisa, encargada de la gestión del único bloque de alquiler asequible existente en la ciudad, comunicó a las vecinas que debían abandonar sus viviendas antes del 30 de noviembre. Ante la falta de alternativas habitacionales, varias familias lograron permanecer en los pisos, pero aceptando incrementos de renta que en algunos casos alcanzan el 75%.
De este modo, alquileres que rondaban los 450 euros mensuales han pasado a situarse cerca de los 800 euros, cantidades inasumibles para muchos de los hogares afectados. “Hablamos de vecinas que trabajan en servicios públicos o de cara al público y cuyos salarios apenas rozan el salario mínimo interprofesional”, subraya la nota difundida por la plataforma convocante.
Las inquilinas aseguran que, pese a las gestiones realizadas en los últimos meses —reuniones con el Ayuntamiento, contactos con partidos políticos y diversas acciones de protesta— no se ha producido ningún avance real. Denuncian que continúan viviendo en una situación de irregularidad, sin garantías y con la amenaza constante de perder sus hogares.
La plataforma recuerda que en Jaca no existe actualmente una oferta de alquiler permanente y asequible capaz de absorber a estas familias si finalmente tuvieran que abandonar las viviendas. La mayoría de los pisos disponibles en el mercado se destinan a alquiler turístico o de temporada, y los precios del mercado libre resultan inaccesibles para buena parte de la población residente.
Otro de los aspectos clave del conflicto es la negativa del Ayuntamiento a declarar Jaca como “zona tensionada”, una figura legal que permitiría limitar las subidas de los alquileres por encima del 10%. Según la plataforma, esta medida, solicitada por colectivos ciudadanos y por algunos grupos políticos, serviría para proteger a las familias afectadas y evitar incrementos abusivos.
Los organizadores de la protesta advierten de que el problema trasciende a este bloque concreto y refleja una realidad más amplia en el Alto Aragón. “Cientos de personas intentan enraizarse en el territorio y no lo consiguen por un modelo que trata la vivienda como un bien de inversión o turístico, y no como un derecho básico”, señalan.
Con la concentración de este martes, las vecinas quieren visibilizar de nuevo su situación y reclamar a las administraciones implicadas —Ayuntamiento de Jaca, Gobierno de Aragón y la propia empresa gestora— una solución urgente que garantice su derecho a una vivienda digna y estable.