Hospital de Jaca en una imagen de archivo. EL PIRINEO ARAGONÉS
Escribo estas líneas no desde la teoría, sino desde la experiencia de trabajar en una institución pública y haber tenido que activar un protocolo de acoso laboral.
El procedimiento concluyó que no existía acoso laboral en sentido estricto, pero sí que se habían producido comportamientos incorrectos, de grave desconsideración y abuso de autoridad hacia mi persona y hacia parte del equipo. Y aquí es donde empieza la reflexión que me gustaría compartir.
Porque que algo no encaje en la categoría jurídica de “acoso” no lo convierte en aceptable. El abuso de autoridad, la humillación velada, el trato despectivo o la desconsideración grave son formas de violencia laboral que no siempre cumplen todos los requisitos técnicos para ser llamadas acoso, pero que tienen efectos muy reales sobre las personas: desgaste emocional, pérdida de autoestima profesional, ansiedad y una sensación profunda de indefensión.
En el ámbito público, además, esta situación se agrava. No se puede “huir” fácilmente de un entorno laboral, no se elige con quién se trabaja ni quién evalúa, organiza o condiciona la carrera profesional. Cuando el maltrato viene de quien ocupa una posición de poder, el daño no es solo personal, es institucional. Deteriora equipos, servicios y, en última instancia, la calidad de lo que se ofrece a la ciudadanía.
Los protocolos son necesarios y valiosos, pero no pueden convertirse en un filtro que deje sin respuesta todo aquello que no encaja exactamente en una definición cerrada. Cuando una administración reconoce que hay abuso de autoridad y trato gravemente incorrecto, tiene la obligación moral y jurídica de actuar con la misma firmeza que si hubiera utilizado la palabra “acoso”.
De lo contrario, el mensaje que se transmite es peligroso: que hay comportamientos dañinos que no merecen corrección si no cumplen todos los requisitos formales de una categoría concreta. Y eso deja a muchas personas trabajando cada día en un espacio que no es seguro ni digno.
No escribo estas líneas para señalar a nadie, sino para pedir algo muy sencillo: que el foco no esté solo en cómo llamamos a los problemas, sino en que se solucionen. Que la dignidad en el trabajo sea un principio real y no solo una declaración.
Porque cuando no es acoso, pero sí es abuso, también pasa algo. Y no debería pasar.