Bloque de VPO de la calle Luis Buñuel de Jaca donde residen los vecinos afectados. EL PIRINEO ARAGONÉS
Familias de Jaca con certificado de vulnerabilidad atraviesan unas Navidades marcadas por la incertidumbre ante la posibilidad de perder su hogar, una vivienda de protección oficial situada en el número 1 de la calle Luis Buñuel. Así lo denuncia la plataforma Vivienda Digna Viello Aragón, que recuerda en una nota de prensa de la aplicación de incrementos del alquiler de entre el 70 y el 75%, una subida que algunas de las personas afectadas no pueden asumir por su situación económica.
Según la plataforma, se trata de un bloque de vivienda protegida promovido en su día con subvención pública y actualmente gestionado por la empresa privada Pronisa, lo que permite legalmente aplicar incrementos que acercan el precio del alquiler al del mercado libre, manteniendo al mismo tiempo la calificación de vivienda de protección oficial. Desde Vivienda Digna Viello Aragón se cuestiona cómo puede darse esta situación en un parque residencial que, en teoría, debería priorizar el acceso y la permanencia de familias vulnerables.
El colectivo denuncia además que este modelo de gestión privada de la vivienda protegida fue establecido en contratos firmados en su momento por los gobiernos municipal y autonómico, ambos entonces encabezados por el PSOE, y que ahora se pretende replicar en el proyecto de Harineras, en la ciudad de Huesca. A su juicio, se trata de un esquema que antepone el interés económico empresarial a las necesidades sociales de quienes habitan estas viviendas.
La situación concreta de las familias afectadas es especialmente delicada. Algunas de ellas han recibido un ultimátum para aceptar la subida del alquiler o afrontar la vía judicial. Es el caso de Berta, vecina del bloque, que vive con su hija universitaria y cuyo alquiler pasará de 433 a 760 euros mensuales. Con un ingreso de 1.190 euros al mes y pese a contar con certificado de vulnerabilidad, asegura no haber recibido ninguna alternativa habitacional por parte del Ayuntamiento de Jaca.
Desde la plataforma se señala la contradicción entre esta realidad y las declaraciones realizadas en el pleno municipal de noviembre por el alcalde de Jaca, Carlos Serrano, quien anunció haber logrado una prórroga para negociar soluciones para las familias vulnerables. Según Vivienda Digna Viello Aragón, la empresa gestora no está negociando y se ha limitado a comunicar la aceptación de las nuevas condiciones como paso previo a posibles acciones judiciales.
En la misma línea, recuerdan las palabras del consejero de Vivienda del Gobierno de Aragón, Octavio López, quien confió en una prórroga de dos meses para mediar y “intentar ayudar a quienes tienen una situación más vulnerable”. Mientras tanto, las familias afectadas viven el inicio de año con miedo e incertidumbre ante la posibilidad de quedarse sin su vivienda, en un contexto que la plataforma considera un ejemplo de cómo la legislación vigente permite la especulación incluso en el ámbito de la vivienda protegida.