Las organizaciones sindicales y los convocantes exigen “la retirada inmediata” del decreto y “la apertura de un proceso de diálogo real” para abordar las necesidades del sistema educativo
Unas doscientas personas se concentraron este martes, 11 de noviembre, frente a la casa consistorial de Jaca para pedir la retirada del decreto de concertación del Bachillerato, las aulas de 0–3 años, la Formación Profesional y la enseñanza para personas adultas. La protesta, que reunió a profesorado y personal administrativo de los centros públicos —entre ellos los institutos IES Domingo Miral e IES Pirineos— y a vecinos de la localidad, dio continuidad a la convocatoria de la semana anterior y se enmarcó en una jornada de movilizaciones en Aragón. Bajo una gran pancarta con el lema “Dinero público para la educación pública. ¡No al concierto del Bachillerato y 0–3 años!”, las personas asistentes reclamaron que los fondos públicos se inviertan en la red pública.
Durante el acto se leyó un manifiesto suscrito por todos los sindicatos con representación en la educación pública aragonesa —CGT, Comisiones Obreras, USTED, UGT y AMPE— que mostró su “rotundo rechazo” a la concertación de estas etapas y detalló los motivos de la oposición. Entre ellos, el anuncio del Gobierno de Aragón de destinar 7 millones de euros el próximo curso a implantar el Bachillerato concertado, cifra que ascendería a 14 millones al siguiente, mientras siguen sin atenderse demandas históricas de la escuela pública (ratios más bajas, refuerzos para atender a la diversidad, auxiliares de Educación Especial, mejoras de infraestructuras y climatización, y actualización salarial). “Siempre se nos respondió que no había dinero y ahora sí lo hay para nuevos conciertos”, denunciaron.
El manifiesto subrayó que no existe un problema real de plazas en Bachillerato en la red pública: “Hay más de 2.000 vacantes sin ocupar en centros públicos”, por lo que “no se puede justificar el uso de fondos públicos para financiar centros concertados cuando la red pública tiene capacidad suficiente”. A juicio de los convocantes, concertar el Bachillerato “desvía recursos” y se traducirá en menos apoyos y desdobles, menor oferta de optativas, y menos inversión en mantenimiento y mejora de los centros. También se reclamó planificar la etapa de 0–3 años íntegramente en la red pública y crear nuevas enseñanzas públicas de FP.
Asimismo, se advirtió de las consecuencias laborales: la medida “supondría un grave perjuicio para el cuerpo docente aragonés”, con recortes de vacantes, cierres de aulas y desplazamientos forzosos de profesorado. El texto recordó, además, que el BOA ha publicado el concierto de la enseñanza para personas adultas para la obtención del título de ESO, “convirtiendo estas enseñanzas en un negocio”, y denunció que persisten impagos de libramientos de gastos de funcionamiento —de este curso y de anteriores— que agravan problemas en climatización, conectividad, accesibilidad y mantenimiento de los centros.
La convocatoria de Jaca dio continuidad al llamamiento realizado por la comunidad educativa local, que la semana pasada animó a sumarse a las movilizaciones bajo el lema “Dinero público para educación pública” y recordó que la protesta en la capital jacetana se programó a las 19.00 para facilitar también la asistencia a la concentración de Huesca, a las 18.00 en la plaza de Zaragoza. En su comunicado, los centros ya alertaron de que la concertación de etapas no obligatorias, tras recortes de plantilla desde el curso pasado, supondría desviar más de 20 millones de euros a la red privada pese a existir oferta suficiente en la pública.
Al término de la lectura, las organizaciones sindicales y los convocantes exigieron “la retirada inmediata” del decreto y “la apertura de un proceso de diálogo real” para abordar las necesidades del sistema educativo “desde una perspectiva democrática, inclusiva, solidaria y cohesionadora”. Avisaron de que las movilizaciones continuarán “mientras perdure la decisión del Gobierno de Aragón de seguir con la concertación”. “La defensa de la enseñanza pública es una obligación ética y constitucional”, concluyeron.
