Las familias, cuyos contratos finalizarán el próximo 30 de noviembre, han comparecido ante los medios en las Cortes aragonesas junto al diputado de IU Aragón Álvaro Sanz y representantes del colectivo Vivienda Digna Viello Aragón
Berta Lantero en la comparecencia ante los medios en las Cortes de Aragón junto a Álvaro Sanz (IU Aragón), Sofía Garín (Vivienda Digna), Rosa María Sáez y María Arnal (vecinas afectadas) y David Lorenz (Vivienda Digna). IU ARAGÓN
Catorce familias inquilinas de un bloque de Vivienda de Protección Oficial (VPO) en alquiler del número 1 de la calle Luis Buñuel, en Jaca, han reclamado al Ayuntamiento y al Gobierno de Aragón que declaren la capital jacetana “zona de mercado residencial tensionado” para impedir incrementos “desproporcionados” de las rentas. Sus contratos expiran el 30 de noviembre y la única “alternativa” recibida “por teléfono” —según denuncian— es quedarse en las mismas viviendas con una subida cercana al 75–80%, pasando de 430–440 euros a unos 780. “No podemos asumirlo; hablamos de VPO y de sueldos próximos al SMI”, sostienen.
La comparecencia de este jueves ante los medios en las Cortes de Aragón, impulsada por el colectivo Vivienda Digna Viello Aragón y arropada por el diputado Álvaro Sanz (IU Aragón, Grupo Mixto), dio voz a las afectadas, representadas por Berta Lantero —acompañada por sus vecinas María Arnal y Rosa María Sáez—, y a los portavoces del colectivo Sofía Garín y David Lorenz. Sanz enmarcó el caso en “un modelo económico basado en el turismo estacional que tensiona los precios” y criticó unas políticas de vivienda “diseñadas para la especulación y no para el derecho a techo”. “Hoy, en Jaca, 14 familias pueden verse despojadas de viviendas protegidas que han contado con recursos públicos porque la promotora ha decidido incrementar los precios en cifras escandalosas: de 430 euros a 780”, denunció. “Pedimos aplicar la norma que permite declarar zonas tensionadas y avanzar en soluciones habitacionales que garanticen el derecho a techo por encima del derecho al negocio”.
“Trabajo en Jaca… y no tengo dónde vivir”
En nombre del vecindario, Berta Lantero relató que hace “mes y medio” recibieron cartas certificadas comunicándoles la no renovación al agotarse los 5 años de contrato más 3 de prórroga. “Por teléfono —ni siquiera tenemos oferta en papel— nos ofrecen quedarnos subiéndonos un 75–80% el alquiler. Yo pago 433 euros y me lo suben a 780”, explicó. “Soy trabajadora pública del transporte sanitario, mi sueldo son 1.190 euros al mes; no puedo pagar 780 euros. ¿Cómo una vivienda de protección oficial puede someterse a la especulación? ¿A quién protege?”. Lantero describió la escasez de alquiler estable en la ciudad: “Todo es de septiembre a junio o turístico. Yo trabajo en Jaca, pero no tengo dónde vivir”. Y cerró con un ruego: “Ayuda y medidas oportunas para que se deje de especular con un bien necesario como la vivienda”.
“No hay alternativa habitacional”
Para Sofía Garín, lo ocurrido “se repite en la mayoría de valles del Pirineo”. Recordó la movilización del 25 de octubre y puso el foco en la falta de opciones. “En Jaca solo existe un edificio con VPO de alquiler; no hay alternativa a precio razonable, ni de alquiler ni de compra: los precios están orientados a sacar rendimiento, con el empuje del uso turístico —legal e ilegal— que ha disparado el metro cuadrado”, dijo. “Mucha gente destina cerca del 70% del salario a la vivienda cuando la UE recomienda el 30%; y hablamos de sueldos precarios ligados al sector servicios y a lo público, cercanos al SMI”.
David Lorenz instó al Ayuntamiento de Jaca —y a otros del Pirineo— a solicitar la declaración de zona tensionada, que limita al 10% la subida de alquileres, “un parche que frenaría el alza actual” mientras se abordan medidas de fondo para “limitar la vivienda como inversión y el uso turístico en zonas residenciales”. “Creemos que la DGA no tiene otra alternativa que aceptar la declaración cuando los niveles de acceso son ya críticos”, añadió.
Perfiles con sueldos ajustados y alquileres “de temporada”
Las familias —con casos monomarentales e ingresos en torno a 1.300 euros— aseguran que la propiedad solo ha comunicado por teléfono y “sin propuestas por escrito”. Denuncian además que se les repercute el IBI pese a tratarse de alquiler protegido, extremo que piden aclarar. Entre los ejemplos aportados semanas atrás figuran pensionistas que pasarían de 399 a uno 680 euros y hogares que saltarían de 433 a entre 760 y 780. Lo que antes se promocionó como VPO “con rentas rebajadas” en 2008, hoy —sostienen— se quiere llevar a “rangos de mercado libre”, con una oferta local dominada por alquileres de temporada o turísticos.
El marco legal y la posición de Aragón
La Ley estatal 12/2023 prevé que en zonas tensionadas los nuevos contratos queden limitados al precio anterior actualizado y/o al índice de referencia, con subidas del 10% solo en supuestos tasados (mejoras, larga duración…). Sin esa declaración, no rigen esas limitaciones. El Gobierno de Aragón ha reiterado este año su apuesta por aumentar el parque público en municipios turísticos y su reticencia a activar zonas tensionadas, por lo que la medida reclamada por las familias no está vigente en Jaca. De ahí la insistencia en que el Ayuntamiento solicite la declaración y la DGA la apruebe.
El conflicto aflora tras otras polémicas locales —como el cierre del Supermercado Santa Orosia por reconversión a uso turístico— y en un contexto de alquiler en Jaca en la horquilla de 9–10,5 euros/m² durante 2025, con oferta limitada y fuerte demanda estacional. El vecindario atribuye la escalada a la combinación de segunda residencia, licencias de vivienda turística y anuncios por temporada, que dificultan el arraigo de quienes trabajan todo el año en la ciudad. “Queremos vivir aquí y no podemos”, resumieron.
Las familias explican que continúan asesorándose jurídicamente, reclaman negociaciones con “incrementos asumibles” y que se respeten los fines sociales de la VPO. Vivienda Digna Viello Aragón pide revisar las prácticas contractuales (comunicaciones por teléfono, ausencia de propuestas escritas) y despejar la legalidad de repercutir el IBI en alquiler protegido. “Hoy nos toca a nosotras; mañana les tocará a otras”, advirtió Lantero.
