Malestar de la entidad por la ocultación de información en el expediente y por la falta de comunicación previa del Ayuntamiento y GRHUSA
Vista área del Centro Ignacio Claver de Valentia, en Martillué, en el entorno donde se ha proyectado la planta de compostaje. VALENTIA
Valentia ha iniciado acciones legales para evitar la puesta en marcha de la planta de compostaje que la empresa pública GRHUSA proyecta construir en las inmediaciones de su Centro Ignacio Claver, en Martillué. La fundación ha presentado un recurso de revisión en el que solicita la nulidad de la licencia provisional de obras concedida por el Ayuntamiento de Jaca a GRHUSA, al considerar que se ha incumplido un requisito esencial: la previa obtención de la declaración de impacto ambiental por parte del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), trámite que —subraya— resulta preceptivo para este tipo de instalaciones.
En su recurso, Valentia sostiene que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento y la empresa pública ha vulnerado la legislación medioambiental y urbanística, al haberse otorgado la licencia sin el pronunciamiento del órgano ambiental. De este modo, la fundación entiende que se ha producido una infracción de las garantías administrativas y solicita que el expediente se retrotraiga al momento anterior a la concesión de la licencia, declarando su nulidad de pleno derecho.
El recurso de revisión constituye el primer paso de las medidas jurídicas emprendidas por Valentia, que asegura que “agotará todas las vías legales” para proteger los derechos de las personas con discapacidad intelectual atendidas en su centro y de los trabajadores del mismo. En paralelo, la entidad ha pedido a las administraciones implicadas una reflexión profunda sobre la idoneidad de la ubicación prevista, instando a que la planta se reubique en un emplazamiento más adecuado desde el punto de vista social y medioambiental.
Una instalación a menos de 200 m del centro
El Centro Ignacio Claver de Martillué acoge actualmente a 58 personas con discapacidad intelectual —39 de ellas residentes— y cuenta con una plantilla de 33 trabajadores. Es un recurso acreditado y concertado con el Gobierno de Aragón, que funciona desde hace 37 años y forma parte de la red asistencial aragonesa. Valentia subraya que el proyecto de la planta de compostaje se sitúa a tan solo 195 m del vallado del centro, dentro del entorno inmediato de un espacio “habitado y vulnerable”, lo que considera “absolutamente incompatible” con los fines del recurso y con la protección de la salud y bienestar de sus usuarios.
La fundación denuncia que ni el Ayuntamiento de Jaca ni GRHUSA informaron en ningún momento de la existencia de esta población especialmente sensible, pese a que la documentación administrativa identifica el núcleo habitado más próximo a la instalación a 650 m de distancia. “Se obvia así la presencia de una comunidad residencial y de trabajo consolidada desde hace casi cuatro décadas”, advierte Valentia, que califica este hecho de “incomprensible y gravísimo”.
Riesgos ambientales y sociales
Entre los argumentos del recurso, la entidad detalla los potenciales riesgos que la planta de compostaje podría generar: emisión de olores persistentes, bioaerosoles y partículas, ruidos continuos, aumento del tráfico pesado por vías locales con riesgo de accidentes, y posibles afecciones sobre la calidad del aire, el suelo y las aguas subterráneas. Cita estudios que sitúan la influencia de este tipo de instalaciones en un radio de varios kilómetros, con especial incidencia en los dos primeros, por lo que las distancias y condiciones del proyecto lo hacen, en su opinión, “inviable en términos de salubridad y bienestar”.
A estos impactos ambientales, Valentia añade otros de carácter social y humano: “El ruido, los olores y el tránsito de camiones romperían el equilibrio de un espacio destinado a favorecer la autonomía personal y la inclusión social de personas con discapacidad intelectual, generando una situación de estrés ambiental incompatible con su atención”.
“Incomprensible falta de comunicación”
El presidente de Valentia, Lorenzo Torrente, ha expresado públicamente el “profundo malestar e incredulidad” de la entidad por la falta de transparencia y comunicación institucional. “Resulta incomprensible que el Ayuntamiento de Jaca estuviera planteando una instalación de esta naturaleza en una ubicación tan sensible sin haber realizado ninguna comunicación a nuestra entidad”, declara.
Torrente añade que la actitud de GRHUSA también ha sido “decepcionante”, ya que en la documentación del proyecto “omitió toda referencia al centro de personas con discapacidad situado a escasos metros del emplazamiento propuesto”. “Si se hubiera informado correctamente desde el inicio, se habrían podido estudiar alternativas o reconducir el problema”, afirma.
Valentia lamenta que esta situación se haya producido precisamente en un momento en que la sociedad aragonesa avanza en materia de inclusión y respeto a la diversidad. “No puede ser que en pleno siglo XXI una entidad pública ignore la existencia de un centro de atención a personas con discapacidad intelectual, como si estas personas fueran invisibles o su bienestar no contara”, señala la fundación.
Una historia de “olvido e invisibilidad”
En su comunicado, Valentia enmarca este episodio dentro de una “larga historia de discriminación, olvido, silencio e invisibilidad” sufrida por las personas con discapacidad intelectual y sus familias. “Durante décadas, estas personas han tenido que luchar para hacerse visibles, para ser escuchadas y para que se respete su dignidad. No podemos retroceder a tiempos en que se ignoraba su existencia”, denuncia.
La organización defiende que su objetivo no es “oponerse al desarrollo de infraestructuras necesarias para la gestión de residuos”, sino reclamar que se planifiquen con responsabilidad y sensibilidad social, evitando localizaciones que comprometan el bienestar de colectivos especialmente protegidos. “Es una cuestión de justicia y de respeto a los derechos fundamentales”, concluye.
Valentia subraya, finalmente, que su actuación se circunscribe en la defensa del interés general y en el cumplimiento de las leyes ambientales y urbanísticas, por lo que espera que las instituciones competentes revisen las actuaciones realizadas y adopten medidas correctoras. “Seguiremos defendiendo con firmeza los derechos de las personas a las que representamos y acompañamos cada día”, asegura su presidente.