«Las grandes tecnológicas están desafiando las estructuras tradicionales del poder, al asumir el control de infraestructuras clave como la energía, los datos o la IA. Con ello, están redefiniendo el concepto de soberanía nacional y transformando la esencia misma del Estado moderno»
Los estados empiezan a desbordarse por la escala y la velocidad de los cambios.
En un artículo anterior exploramos cómo las grandes tecnológicas están desarrollando sus propias fuentes de energía, al margen de los estados para alimentar sus crecientes necesidades computacionales. Este fenómeno no solo refleja una búsqueda de autonomía energética, sino también una redefinición de las relaciones entre poder tecnológico y soberanía nacional.
Cuando las infraestructuras críticas —como la energía, los datos o la seguridad— ya no dependen de los gobiernos, sino de empresas privadas, cabe preguntarse si estamos presenciando el principio del declive del “estado nación”, tal y como lo conocemos desde su consolidación tras la Revolución Francesa. ¿Estamos entrando en una nueva era donde las corporaciones tecnológicas asumen funciones que tradicionalmente correspondían al poder público?
En esta misma lógica se enmarca el anuncio de OpenAI y su alianza con la emiratí G42 para construir un megacentro de datos en Abu Dabi. El proyecto, de más de 25 kilómetros cuadrados y una potencia estimada de 5 gigavatios (equivalente a cinco reactores nucleares) no es simplemente una proeza técnica. Es parte de la iniciativa Stargate, una colaboración con SoftBank y Oracle que busca desplegar la red global de infraestructuras más ambiciosa hasta la fecha para entrenar modelos de IA (inteligencia artificial) a gran escala.
Abu Dabi no ha sido elegida al azar. Disponibilidad de terreno, baja carga regulatoria, incentivos fiscales y una oferta energética estable la convierten en un enclave estratégico para este tipo de desarrollos. Las decisiones que antes orbitaban en torno a Silicon Valley ahora se diseñan en espacios donde lo que prima es la capacidad de escalar sin obstáculos. En este nuevo contexto, importa menos el lugar físico y más el volumen de datos que se puede procesar. Lo que se construye no es solo una infraestructura, es una nueva arquitectura de poder.
Esta transferencia de poder no es simbólica: es material, operativa y cada vez más irreversible. Mientras los gobiernos siguen con sus bochornosos teatrillos diarios, las tecnológicas ya han reconfigurado la economía, la información y ahora, la energía. Los estados, concebidos presumiblemente para administrar recursos, garantizar servicios y ejercer soberanía, empiezan a desbordarse por la escala y la velocidad de los cambios.
Esto plantea una pregunta incómoda: si estas redes se despliegan desde infraestructuras que escapan a cualquier legislación nacional, ¿quién controla su uso, su impacto o sus límites? Y más aún: ¿puede una democracia tradicional seguir siendo funcional sin ningún tipo de autoridad sobre estos sistemas?
No es una distopía lejana. Es el presente que se despliega ante nosotros mientras delegamos decisiones críticas en sistemas opacos que crecen más rápido de lo que podemos comprender. La carrera hacia la AGI (inteligencia artificial general) no solo promete un salto tecnológico, sino el inicio de una nueva era.