«No debemos confiar en que Marruecos desista de la reclamación sobre Ceuta y Melilla, por lo que resultan poco fiables las concesiones que nos hayan hecho, si es que ha habido alguna (el retorno de la embajadora, o la vuelta al comercio y las comunicaciones no deben ser consideradas concesiones reales)»
Los medios de comunicación han dado a conocer el cambio del gobierno sobre nuestra posición respecto al antiguo territorio español del Sáhara, tras haber sido hecho pública previamente por Marruecos. En 1975, el proceso de descolonización sobre este territorio español se vio acelerado por la Marcha Verde, organizada por Marruecos con apoyo de Estados Unidos, aprovechando nuestra debilidad por la enfermedad de Franco. La O.N.U. intervino dictando una resolución según la cual se reconocía el derecho del pueblo saharaui a decidir en un futuro sobre su independencia. Marruecos dilató la solución hasta que en 2007 presentó un plan alternativo para integrarlo en su propio territorio, algo contrario a la resolución pues negaba a los saharauis la posibilidad de decidir. Hasta la fecha España se había mantenido fiel a la resolución de la O.N.U. de 1975.
Por eso causa estupor este cambio tan brusco en las relaciones internacionales por parte de nuestro gobierno. ¿Qué ha podido causarlo? Se me ocurren varias respuestas, la primera es el aprovechamiento marroquí de un nuevo tiempo de debilidad de nuestro gobierno, y de nuevo con el asenso norteamericano; las declaraciones de su embajadora sobre lo razonable de la propuesta marroquí darían credibilidad a esta posibilidad. Otra posible explicación es que nuestros servicios de información hayan detectado alguna inminente reacción marroquí (envío multitudinario de emigrantes, ocupación de alguna isla) y se ha querido desactivarla a tiempo. La última posibilidad que se vislumbra es que con esta carta se ha pretendido corregir el error cometido al aceptar en nuestro territorio a un dirigente polisario, eso sí, a costa de crear un problema con Argelia.
Lógicamente estas posibilidades, o las que pudieran ser las razones reales del envío de la carta, no deben aparecer en los medios de comunicación, pero ello no impide que se informe previamente en el seno de las Comisiones de Defensa y de Exteriores de las Cortes, ni que se prescinda de una discreta información a los partidos políticos de la oposición, dada la naturaleza del asunto. Parece ser que no se ha producido ni lo uno ni lo otro; peor aún, queda por explicar por qué son los marroquíes quienes dan a conocer el contenido, dejando fuera de juego a nuestro Presidente de Gobierno.
Otra cuestión a tratar es el propio texto, aceptando que el divulgado, aún con sus errores, corresponde a lo remitido a Marruecos. En mi opinión lo más destacable es el penúltimo párrafo, en el que se dice que un conjunto de acciones a desarrollar tiene por fin “garantizar la estabilidad e integridad territorial de nuestros dos países”. ¿Había pues una amenaza de invasión sobre Ceuta, Melilla, Chafarinas u otro peñón español? De ser así, el texto constituye un absoluto menosprecio a nuestras Fuerzas Armadas, encargadas precisamente de esa misión constitucional, además de la criminal dejación que supondría no tomar medidas preventivas; por tanto, debemos descartar esta posibilidad. Algunos analistas buscan la justificación de la misiva en la aplicación de la “realpolitik”, es decir de la realidad internacional, en un cierto pragmatismo, lo que en este caso supone la aceptación de hechos consumados por parte de Marruecos. A estos analistas habría que preguntarles cuál es el verdadero significado de la “realpolitik”, ¿es lo que dictan las grandes potencias? ¿lo que se acepta por la mayoría de países? ¿la renuncia a nuestros intereses y compromisos en aras a un posible beneficio?
Finalmente, no debemos confiar en que Marruecos desista de la reclamación sobre Ceuta y Melilla, por lo que resultan poco fiables las concesiones que nos hayan hecho, si es que ha habido alguna (el retorno de la embajadora, o la vuelta al comercio y las comunicaciones no deben ser consideradas concesiones reales), y la primera prueba de la fiabilidad marroquí sería la reacción ante una visita del Jefe del Estado a estas ciudades españolas.