Para ver este sitio web deber tener activado JavaScript en tu navegador. Haz click aqui para ver como activar Javascript
Rafael Abbad (notario), Pilar Trasmonte (abogada), Antonio Rodríguez (vicepresidente de ATADES), Victoria Ledesma (ATADES), Carlos Reyes Rubio (Ayuntamiento de Jaca) y Juan Andrés Baratech (fiscal provincial de Huesca), expertos participantes en la jornada. SE

La Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual (ATADES) ofreció este lunes en el Palacio de Congresos de Jaca un encuentro sobre la reforma legal de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Las modificaciones en la legislación civil y procesal conllevan cambios sustanciales en el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Por este motivo, ATADES organizó esta jornada divulgativa para dar a conocer y debatir las consecuencias del nuevo entorno jurídico.

Expertos de los ámbitos jurídicos y judicial informaron a profesionales, usuarios y familiares de personas con discapacidad intelectual de los términos de aplicación de la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

En el encuentro interviniern el fiscal jefe de la fiscalía provincial de Huesca, Juan Andrés Baratech Ibáñez; el notario Rafael Abbad Echevarría; y la abogada Pilar Trasmonte Tormes. Presentando y moderando la jurista experta en discapacidad intelectual y coordinadora del área de protección de ATADES, Victoria Ledesma Rivas.

El acto también contó con la presencia del concejal del Ayuntamiento de Jaca, Carlos Reyes Rubio, y el vicepresidente de ATADES, Antonio Rodríguez Cosme.

Reforma de la legislación

El miércoles 12 de mayo de 2021 se aprobó el Proyecto de Ley de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. El jueves 20 de mayo de 2021, el Congreso de los Diputados respalda las enmiendas incorporadas en el Senado y ese mismo día se aprueba. El 3 de septiembre, entró en vigor.

Esta reforma civil y procesal afecta a un importante número de cuerpos normativos: Código Civil, Ley del Notariado, Ley Hipotecaria, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad, Ley del Registro Civil, Ley de la Jurisdicción Voluntaria, Código de Comercio y Código Penal.

Principales novedades

Las principales novedades de esta reforma es que desaparece el concepto de capacidad modificada o limitada en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, quedando sin efecto las meras privaciones de derechos de las personas discapacidad o de su ejercicio.

Mediante esta reforma se adapta el ordenamiento jurídico español a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006, que establece que estas personas tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, e insta a los Estados a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad, acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

En este sentido, la Ley se suma a la corriente de provisión de apoyos frente a la suplantación de la voluntad, que se viene instaurando los últimos años en los ámbitos de intervención vinculados a las personas con discapacidad. Se trata de dar el paso de un modelo médico centrado en las limitaciones de la persona, a otro que apuesta por discernir los apoyos específicos que necesita una persona con discapacidad para alcanzar las máximas cuotas de autonomía y autodeterminación.

La Ley mantiene el sistema garantista de protección a aquellas personas con discapacidad que requieren de una curatela representativa (la tutela en el ordenamiento jurídico anterior), así como la curatela asistencial, el guardador de hecho y el defensor judicial.

No hay comentarios todavía

Los comentarios están cerrados